Han pasado exactamente dos años desde que la Defensoría del Pueblo presentó el proyecto de ley sobre la consulta previa de los indígenas y pueblos originarios. Ni la triplicación de los conflictos sociales, más de la mitad de naturaleza socioambiental, ni la amenaza de que estos sigan en aumento hicieron que el gobierno aprista aprobara una norma que podría haber evitado problemas que paralizaron el país, retrasaron su desarrollo y, sobre todo, afectaron la vida de miles de peruanos. Nada justificará jamás que Alan García haya observado en junio del 2010 el proyecto que garantizaba el derecho a la consulta, cuando la crisis de Bagua estaba fresca y la confusión se extendía a otras comunidades. Pero del mismo modo, resulta inexplicable la reticencia de algunos parlamentarios para debatir en el actual Congreso el proyecto y aprobarlo de inmediato. Es más, algunas bancadas han expresado que debe retornar a las comisiones, aunque nadie sabe por qué y para qué, toda vez que fue aprobado por todas las fuerzas políticas en el Parlamento anterior. Además, la iniciativa -que ha sido traducida a las lenguas de las diferentes comunidades- cuenta con el visto de bueno de la Defensoría del Pueblo, organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos nacionales y extranjeras.Es más, como han explicado voceros de la Defensoría del Pueblo, las observaciones de Alan García fueron erradas en la medida que se supuso que las comunidades quedaban habilitadas para paralizar inversiones. Se confundió el derecho a expresar una opinión y consentimiento, con el derecho a veto.Con estos argumentos, solo bastaría repetir que el Perú tiene que honrar sus compromisos, entre los cuales está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el cual el país asumió en 1993 la obligación de crear mecanismos de diálogo con los pueblos indígenas u originarios sobre los temas que pudieran afectar sus territorios o culturas.En el fondo, se trata de que el Estado Peruano cumpla un imperativo moral, como ha expresado el defensor del Pueblo, Eduardo Vega. De esta manera, daría un paso histórico para reconocer las necesidades y derechos de unos pueblos donde no tiene presencia o para el cual prácticamente no existe, porque nunca se preocupó de sus necesidades más básicas: de salud, educación y respeto por su cultura. Como hemos señalado en esta columna reiteradamente, es necesario crear condiciones para que el Perú no siga siendo un escenario inestable y en ebullición permanente, porque hemos sido incapaces como colectividad organizada de institucionalizar la prevención y la negociación para la resolución de conflictos. Por eso, si este Congreso quiere marcar la diferencia, debe empezar por aprobar sin mayor dilación la ley que reconoce el derecho a la consulta.