El debate en torno al proyecto de ley ha generado posiciones irreductibles que bien merecerían una discusión menos apasionada y más técnica.Según los empresarios, este proyecto de ley vulnera la institucionalidad y da pie a que cualquier persona pueda paralizar las inversiones con sólo denunciar a una empresa por un eventual incumplimiento de las normas de protección al medio ambiente. José Miguel Morales Dasso, presidente de la Confiep, asegura que la empresa no podría reiniciar sus actividades si antes no prueba su inocencia. Además, se exigen estándares que "ni siquiera los países del primer mundo pueden cumplir".La Confiep señaló también que el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) cambió el proyecto original que trabajaron en consenso y por ello el Congreso tiene el documento actual.Por su parte, representantes del Conam rechazan tal acusación y dice que los empresarios buscan salvaguardar sus intereses.A su vez, Carlos del Solar, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), manifestó que los empresarios no se oponen a ninguna ley de protección del medio ambiente. No obstante, dijo que se debe discutir mejor. Subrayó que la propuesta, tal como está siendo planteada, es inconstitucional, "porque no puede poner la carga de la prueba en el denunciado".
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