La Defensoría del Pueblo dio a conocer ayer el Reporte de Conflictos Sociales 89, correspondiente a julio, que da cuenta de 214 conflictos sociales, de los cuales 135 se encuentran activos (63%) y 79 se mantienen en estado latente (37%). Además, el documento da a conocer cuatro conflictos sociales nuevos: tres socioambientales y uno relacionado con asuntos de gobierno local. El primer nuevo conflicto socioambiental está vinculado a la oposición de los pobladores de la provincia de Aija (Áncash) a la actividad minera en las microcuencas de los ríos Pallca y Mallqui. El segundo está relacionado al rechazo a la presencia minera en el distrito de San José de Lourdes, en la provincia de San Ignacio, Cajamarca. El tercero es la oposición, en las regiones de Loreto y San Martín, al proyecto de trasvase del río Marañón y a la represa del río Huallaga con fines hidroenergéticos.