A pesar de que, como es obvio, a ninguna empresa minera le hace gracia que le aumenten los tributos, debe ponderarse que el gremio que agrupa a las principales empresas del sector ha declarado manifiestamente su disposición a dialogar técnicamente sobre el tema. La minería moderna en su tecnología empieza a demostrar que puede serlo también en sus relaciones políticas con el nuevo gobierno.Pero es necesario que el tema sea de ida y vuelta. Es muy fácil crear un monstruo imaginario del empresario minero, quien, dicho sea de paso, ha sustituido en el "imaginario del mal" al banquero, a quien antes se le veía, pues, casi como una sanguijuela. Y hay un discurso antiminero falaz que ha calado, a través de sinfín de ONGs pseudoambientalistas, en buena parte de la población.Hay allí una tarea política que le corresponde al Estado. Y que le conviene hacerla además. Porque sin las rentas que deja la minería no habría manera de sustentar presupuestalmente casi ningún programa de gobierno. Para decirlo en otros términos, si en el Perú no hubiese gran minería no nos convertiríamos en ningún paraíso ecológico (la mayor contaminación proviene de la minería informal), pero sí tendríamos un Estado paupérrimo.El Estado ha hecho abandono de labores que le son propias. Hay proyectos mineros paralizados en la gran mayoría de casos por negligencia estatal. El Estado ha dejado que las empresas mineras le sustituyan y sean ellas las que convenzan a la población de los beneficios de su actividad, que sean ellas las que provean de seguridad a su actividad, que sean ellas las que enfrenten a las fuerzas radicales que en muchas provincias del país se sienten dueñas de los recursos naturales, que, en principio, son de todos los peruanos y no de los puneños, los cusqueños o los cajamarquinos.¿El nuevo gobierno considera necesario cobrarles más a las mineras? Muy bien. Pero que al mismo tiempo se dedique a hacer su tarea. No es admisible, por ejemplo, que se paralicen proyectos porque la población esté convencida de que los empresarios se van a llevar el agua a otro país o porque van a dejar sin ese recurso a la actividad agrícola, cuando un estudio objetivo mínimo corrobora que ello es simplemente una gran mentira. Y esa labor política la debe hacer el gobierno central, convocando a sus pares regionales o municipales (muchos de los cuales ni siquiera gastan un 10% del canon minero que reciben), logrando que se destraben sinfín de procesos hoy sumidos en la parálisis. Y en ese esfuerzo Humala tiene una ventaja que los demás candidatos a quienes derrotó no tenían: los lugares donde arrasó electoralmente son precisamente aquellos donde más conflictos antimineros existen. La pelota, en este ámbito, también está en su cancha, afirma el director de Diario16, Juan Carlos Tafur.