Alan García zafó el cuerpo. Esperó hasta el último minuto de su gobierno para observar la autógrafa de la ley que despenaliza los delitos de injuria y difamación y, el 27 de julio, la envió al Congreso de la República nada menos que a las 10 y 55 de la noche.El documento, que está firmado por él y por la exprimera ministra Rosario Fernández, señala que el honor es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y que es necesario que continúe siendo protegido por el derecho penal, "que debe orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de culpabilidad, de exclusiva protección de bienes jurídicos o de proporcionalidad".