Los peruanos, y sobre todo el Gobierno y la clase política, tenemos que ponernos la mano al pecho y prestar especial atención a las palabras del asesor principal del Programa Anticorrupción del Departamento de Estado de EE.UU., Richard Werksman.Este ha afirmado que el costo de la corrupción en varios países latinoamericanos oscila entre el 15% y el 20% del producto bruto interno (PBI), y por lo que parece, nuestro país no es ajeno a esta realidad. En números reales sería más de 10 mil millones de dólares, lo que se acerca al total de nuestras exportaciones, estimadas en 14 mil millones de dólares.Esto es realmente catastrófico, pues implica no solo un envilecimiento moral y ético de la gestión pública, sino también un enorme y escandaloso dispendio fiscal, así como una traba monumental para la interacción entre los agentes económicos. Y la corrupción, como lo vemos en innumerables casos aquí y allá, es un factor que incrementa los niveles de pobreza.Tales advertencias no pueden caer en saco roto. El Gobierno actual tiene que asumir su grave responsabilidad en la materia, pues ha dejado pasar una oportunidad inigualable para marcar un punto de inflexión, luego de la década corrupta y oprobiosa del régimen fujimorista. Y no se trata solo de dejar en completa orfandad la Iniciativa Nacional Anticorrupción, sino de perder viada y eficacia en esfuerzos importantes como los portales de transparencia. Es más, la chacana se convirtió en una piedra en el camino al pretender copar el aparato estatal vía el clientelismo, el nepotismo o la simple maniobra ladina y corruptora.Han faltado también acciones y gestos de transparencia y equidad para ponerse a derecho ante cualquier apresto judicial o responder, con oportunidad y evidencias, ante acusaciones de todo tipo o investigaciones periodísticas.Una cosa es indubitable: tenemos que extirpar la lacra cancerosa de la corrupción si es que queremos remontar el subdesarrollo. No puede haber impunidad ni medias tintas ni compadrazgos, sino investigación y sanción dura y ejemplar. En tal contexto, ad portas de lanzar la campaña electoral, debemos exigir a los partidos, candidatos y, en general , a la clase política incluir la lucha anticorrupción en la cima de sus planes de gobierno (si los tienen), lo que está íntimamente vinculado a la reforma del Estado, precisamente para librar a este de los mecanismos oscuros y engorrosos que alientan o permiten la corrupción.