Uno de los principales errores del gobierno aprista fue excluir la institucionalización del diálogo como herramienta para atender la amplia agenda social y ambiental pendiente. En esa carencia está la raíz de los conflictos que, en los últimos 5 años, se incrementaron casi en un 300%. En su mensaje del 28 de julio, el presidente Ollanta Humala ha dado claras señales de que, en este sentido, se vienen positivos tiempos de cambio.Ayer mismo, en un artículo publicado en nuestra página Ecología y Desarrollo, la ex defensora del Pueblo doctora Beatriz Merino explicó con claridad que no puede desconocerse que la conflictividad social es, en parte, resultado de una economía en crecimiento, y que los conflictos pueden transformarse en una oportunidad de mejora conjunta. Para eso es indispensable -como señaló Merino en su escrito- una hoja de ruta clara, concertada y sobre todo focalizada en prevenir los problemas antes de que estallen, para evitar dolorosos sucesos como el de Bagua, entre otros. Vivimos en un escenario inestable y en ebullición, por cierto muy bien aprovechado por agitadores profesionales y politiqueros. Sin embargo, no hemos institucionalizado ni la prevención ni la negociación de conflictos. Y peor aun, ni siquiera se toma en cuenta que el Perú ratificó en 1993 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se comprometió a crear mecanismos de diálogo con los pueblos indígenas u originarios sobre los temas que pudieran afectar sus territorios o culturas. A lo largo de todos estos años el Congreso le ha negado al país la posibilidad de contar con tan necesaria ley de consulta previa.Una de las primeras acciones del nuevo Congreso debería ser poner en agenda y aprobar la mencionada ley, de manera consensuada y expeditiva. La razón es obvia: la incertidumbre solo genera inestabilidad y no contribuye en la lucha contra la pobreza y la exclusión.Durante su mensaje a la nación, el presidente Humala llamó la atención sobre el incremento desmesurado de los conflictos y la necesidad de restablecer la confianza en el diálogo como base de la tranquilidad social. Incidió también en la falta de una política de aprovechamiento racional y equilibrado de los recursos naturales.Ahora deberá promover la creación de mecanismos de relación fluida con las regiones, las municipalidades y las comunidades; y hacer que "los compromisos de mutua obligación serán objeto de seguimiento desde el gobierno", como lo dijo. Para ello resulta indispensable promulgar la ley de consulta previa, para incorporar la opinión y visión de las comunidades en el desarrollo sostenible y crear mecanismos de coordinación efectivos entre todos los niveles de gobiernos, el sector privado y la población.