Desde que, el lunes pasado, Perú.21 pusiera al descubierto las intenciones del presidente del Poder Judicial, César San Martín, de tender una mordaza al periodismo de investigación, las voces de rechazo no cesan y vienen de diferentes lados. Ayer, el defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, se sumó a la corriente que intenta frenar el atropello contra las libertades de expresión y de prensa, y observó con "preocupación" el proyecto que castiga con cárcel de hasta 10 años a los que publican interceptaciones telefónicas. En conferencia de prensa, dijo que le llama la atención que se someta a un proceso judicial a los periodistas que difunden una información, sea o no de relevancia pública.