Aunque el presidente del Poder Judicial, César San Martín, mantiene su terca defensa del proyecto de ley que el 5 de julio envió al Congreso para sancionar con pena de cárcel a quienes difundan audios obtenidos de la interceptación telefónica, desde el Gobierno y diversas tiendas políticas se mantiene el rechazo a esta propuesta que atenta contra la prensa. "Soy un defensor absoluto de la libertad de expresión. El que se sienta ofendido o agraviado (por la difusión de algún audio), tiene el derecho de ir al Poder Judicial a verse reivindicado o a evitar que se haga algo contra él, pero eso es posterior (a la publicación)", precisó el mandatario.