El periodista José Luis Patiño escribe. Siempre he sostenido que gran parte de la ola de violencia social que vive el Perú es atizada por una desinformación descomunal proveniente de distintos frentes extremistas, que, escudándose en la supuesta lucha por los intereses de las mayorías, esconden ambiciones personales y de grupo, sin importarles lo que pueda suceder con las vidas de los que sufren las consecuencias de sus acciones. Ayer tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de prensa organizada por tres destacadas instituciones: CooperAcción, Fedepaz y Grufides, cuyos voceros presentaron el informe denominado "Observatorio de conflictos mineros en el Perú", donde combinan estadísticas oficiales sobre el creciente número de conflictos y su directa relación con el otorgamiento de concesiones mineras, con una particular forma de interpretar el marco legal sectorial. Así, muy sueltos de huesos, afirmaban que una concesión minera implicaba en la práctica una USURPACIÓN de la propiedad de quienes habitan sobre ella. Incluso daban el ejemplo de alcaldes que se habían enterado, obviamente gracias a ellos, que el 90% de su territorio estaba concesionado y que, por lo tanto, no podían planificar ni implementar ningún plan de desarrollo agrícola u otro productivo. Increíble, pero cierto. ¿Cómo reaccionaría, usted amable lector, si una institución aparentemente seria le dice que su casa está comprendida en el área concesionada de una empresa minera, y por ese sólo hecho usted puede perder su propiedad? Claro, inmediatamente junta a sus vecinos, hacen memoriales, marchas, bloquean la carretera y hasta algunos ofuscados queman cosas, exigiendo un NO A LA MINERÍA. Una irresponsabilidad total. Y encima, ¿sabe cuál fue la conclusión de la conferencia? "Exigir al nuevo gobierno que imponga una moratoria de nuevas concesiones mineras". La frescura no tiene límites.