Cada año, la planilla del Estado se incrementa en S/. 1,000 millones. Este dato, proporcionado por el viceministro de Hacienda, Luis Miguel Castilla, sería considerado una noticia interesante en un país cuyo sector público es eficiente, pero en el Perú eso no sucede y, por ende, es inmediatamente interpretado como un incremento innecesario del presupuesto. El problema no es el monto, sino el destino que se le asigna: remunerar una burocracia que nunca mejora.Si bien existen excepciones (muy pocas), la mayoría de las instituciones públicas maneja escalas remunerativas incongruentes y aplica criterios poco claros para contratar personal, en los que la meritocracia es un concepto que brilla por su ausencia. A la autocrítica planteada por el propio MEF, a través del viceministro Castilla, se suma el informe de transferencia presentado el lunes por Gana Perú, que se enfoca en cifras como el incremento de servidores públicos (más de 330,000 en este gobierno) y del gasto en la planilla. Lo cierto es que el sistema laboral del Estado solo puede calificarse como laberíntico, y pese a los intentos por encauzarlo, los resultados han sido bastante modestos y desalentadores. Hay que anotar que la falta de voluntad política del Gobierno Nacional por emprender una verdadera reforma es el principal responsable, pero no el único, pues el Congreso también ha colaborado con leyes que disponen incrementos salariales, lo mismo que los gobiernos regionales y locales, cuyas políticas salariales y de contrataciones son un completo misterio.Ante esta situación tan complicada, cabe preguntarse en qué se va a diferenciar el nuevo Gobierno de los anteriores en esta materia. El presidente electo Ollanta Humala ha prometido incrementar los sueldos en el sector público, pero no ha explicado qué criterios se aplicarán para implementar esa propuesta. Como hemos puntualizado en esta columna, el nuevo Gobierno está concentrado en obtener más recursos para cumplir sus promesas, pero poco o nada en preparar el trabajo orientado a mejorar la eficiencia del gasto.El tema laboral es parte de la reclamada reforma del Estado, una necesidad sobre la cual el actual Gobierno muestra muy pocos avances y el nuevo Gobierno apenas ha mencionado.
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