Si el próximo gobierno tomase la decisión de anular el contrato de Camisea apelando a los argumentos expuestos por la Contraloría General de la República, aduciendo criterios de ilegalidad, ello no tendría sustento jurídico porque todos los plazos para declarar una nulidad han caducado, señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Pedro Sánchez.Dejó entrever que si ello ocurriera, es muy probable que el Perú tuviera que enfrentar una demanda del consorcio Camisea en los tribunales internacionales, con evidentes perjuicios económicos para el país."Analizando el tema cuando hablamos del Lote 88, es una licitación internacional que se han dado con todas las garantías. En teoría se puede discutir, pero en vista de que el Estado ha firmado los contratos de estabilidad jurídica, cualquier cuestionamiento tendría que hacerse ante un arbitraje internacional. Lo mismo sucede con el Lote 56", refirió.
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