Ad portas del inicio de un nuevo Gobierno, el debate entorno al sector energético se vuelve a concentrar en el tema del gas de Camisea. La Contraloría General ha puesto el dedo en la llaga al reiterar las conclusiones de un informe de auditoría de hace más de tres años.El informe trasciende no tanto porque denuncia que el Estado habría dejado de cobrar regalías del lote 56 (destinado a la exportación) debido a que el contrato respectivo no se habría sujetado a la Ley de Hidrocarburos ni al reglamento de regalías, sino porque concluye que es válido iniciar un proceso de revisión y renegociación de los contratos de Camisea ya que los "vicios" que encontró en ellos la Contraloría invalidarían su condición de contrato-ley (que solo pueden modificarse por acuerdo entre las partes). Este controvertido argumento estaría allanando el camino para que la nueva administración busque renegociar unilateralmente los referidos contratos. Incluso, uno de los voceros más entendidos en esta materia de Gana Perú ha remarcado que la Contraloría no ha investigado lo más grave: el hecho de que el lote 56 contenía reservas probadas y, por lo tanto, estas se debieron destinar prioritariamente al mercado interno. Los contratos que suscribe el Estado deben respetarse y las revisiones o modificaciones a los mismos deben hacerse por acuerdo entre las partes, a fin de preservar la estabilidad jurídica del país y no ahuyentar las inversiones. De otro lado, es peligroso volver sobre el argumento de que no hay suficientes reservas de gas natural (que ha vuelto a señalar el vocero de Gana Perú) cuando hay más de 11 TCF comprobadas y certificadas. Lo que falta es infraestructura (transporte) para que el gas llegue a los mercados, la cual se esperaba concluir a inicios del 2012 pero demorará unos meses más debido al cambio del trazo del ducto que tuvo que hacer el operador, al haberse vetado su paso por la Reserva de Megantoni.En el tema energético, y particularmente en cuanto al gas, será clave que, desde un inicio, el nuevo Gobierno defina la política de Estado a seguir y establezca con claridad y transparencia los criterios para la contratación (de lotes de hidrocarburos y concesiones eléctricas), algo que venimos reclamando permanentemente al Gobierno saliente.
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