Mientras el tribunal que preside el vocal Iván Sequeiros continúa revelando detalles que complican la situación de personajes políticos implicados en el caso Business Track (BTR), desde la Corte Suprema -y más precisamente desde el despacho del titular del Poder Judicial, César San Martín-, se ha enviado al Congreso un proyecto de ley que, en resumen, busca sancionar con cárcel la difusión en la prensa de aquellas comunicaciones obtenidas a través de la interceptación telefónica ilegal. El referido proyecto, que se basa en los casos ‘Petroaudios’, ‘Business Track’ y ‘audio Lourdes Flores Nano’, no busca incrementar las penas de quienes intercepten comunicaciones privadas, sino incluir como un ilícito penal la difusión -a través de la prensa, las páginas web, correos electrónicos o páginas de Internet- de estas comunicaciones.