Con la finalidad de detener las protestas en Puno, el Poder Ejecutivo derogó la semana pasada el Decreto Supremo 083-2007-EM que le permitía a la minera canadiense Bear Creek empezar la construcción de la mina Santa Ana en dicha región. Este hecho ha sido tomado con preocupación por los representantes del sector minero, quienes indican que se ha violentado el ordenamiento jurídico para las inversiones mineras. Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), alertó que la derogatoria del referido decreto es una violación a la confianza que los inversionistas de Bear Creek han depositado en el país, pues contaban con todos los documentos en regla y cumplieron con todas las exigencias de la ley."El gobierno ha optado por el facilismo para solucionar el problema en Puno. Nosotros elegimos, entre otras cosas al presente gobierno para que mantuviera el orden, no solo jurídico, sino la seguridad. Lamentablemente casi al final del ejercicio ha demostrado debilidad y se ha dejado llevar por las revueltas y la violencia extrema", señaló. En tanto, la vicepresidenta de minería de la SNMPE, Eva Arias, insistió que para el sector el orden jurídico es importante porque las inversiones que se realizan son de largo plazo. Explicó que hay inversiones que podrían detenerse en la medida que se está permitiendo cambiar las reglas de juego, afectando el buen ritmo de crecimiento que ha tenido el sector minero.