La Comisión Permanente del Congreso continúa sin evaluar la Ley de Consulta Previa que observó el Ejecutivo en julio del año pasado, pero desde el sector empresarial surgen ya críticas a su contenido. Guillermo Albareda, gerente legal de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), manifestó que esta ley "no debe ser vinculante" porque de lo contrario se pondrían en riesgo las inversiones en el sector extractivo. Sin embargo, el dictamen de la citada ley no precisa en ninguno de sus artículos que las comunidades que se consultarán tengan capacidad para vetar un proyecto. El presidente de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Hugo Che Piu, recalcó que la Ley de Consulta Previa no abarca el derecho de consentimiento y por añadidura está exenta de poder impedir que se realice un determinado proyecto. De hecho, el convenio 169 de la OIT sobre el que se erige la citada ley no establece la posibilidad de veto.