El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica informó que será la propia empresa minera Majaz la que tome la decisión de continuar llevando adelante las exploraciones del proyecto Río Blanco en la sierra de Piura. Como es de conocimiento público, esta empresa fue autorizada formalmente por el Gobierno Central, a través del Ministerio de Energía y Minas, para llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, diversos representantes de ronderos y campesinos de las provincias de Ayabaca y Huancabamba han levantado su voz de protesta porque consideran que la actividad minera representa un peligro para las decenas de familias que allí habitan.Según César Guzmán Barrón, director de la institución encargada del análisis del conflicto, el trabajo de la minera Majaz no ha sido comprendido por las comunidades y dijo que se pretende que ellas participen de la viabilidad de este proyecto minero obteniendo beneficios. "Si estuvieran dispuestas a cooperar, entenderían que lo que se quiere es empadronarlas para conocer en qué basan sus lineamientos sociales y ambientales, cuáles son los probables estragos que dicen podría causar la minera y, a partir de ahí, ver si es viable o no el proyecto", sostiene Barrón.