Pese a que, según la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales están disminuyendo, los que subsisten son cada vez más notorios y violentos. Gran parte de ellos están relacionados con el actuar de empresas mineras y petroleras. Las comunidades temen que sus fuentes de agua sean contaminadas; que las empresas invadan sus territorios afectando su medio ambiente y cultura; mientras que en otros casos, buscan un pago justo por el uso de sus suelos.La solución de estos conflictos, en los últimos años, ha tenido una constante: la imposición de las condiciones de las comunidades. En la minería, han logrado suspender proyectos ya en camino de desarrollo (como el de Tía María, en Arequipa); detener concesiones mineras o incluso cancelarlas, como es el caso del proyecto minero Santa Ana, en Puno. Según una fuente del Ministerio de Energía y Minas, las comunidades han logrado bloquear proyectos por alrededor de US$3.800 millones en los últimos diez años, siendo el caso de Tía María el mayor de ellos. Se trata de un proyecto minero donde Southern Copper espera invertir US$1.000 millones.Carlos Gálvez, gerente de finanzas de la Compañía de Minas Buenaventura, recuerda que en noviembre del 2004 una marcha pacífica de un grupo de personas contra el campamento del proyecto minero La Zanja (en Cajamarca) concluyó con la toma y destrucción del campamento y resultó incluso una persona muerta. Tras casi seis años de sucedido este incidente y luego de muchos acuerdos con las comunidades, la minera logró culminar la construcción de la mina y está lista para empezar a operarla.