Después de casi 50 días de paralización, cinco muertos y cuantiosas pérdidas materiales, ayer se normalizaron las actividades en la región Puno. La situación, sin embargo, se encuentra lejos de estar totalmente saneada. Sobre el tapete hay una agenda pendiente, que involucra a varias provincias puneñas y que corresponderá solucionar al próximo gobierno porque el actual no la abordó oportunamente. Por ejemplo, se han derogado concesiones mineras, entre ellas Santa Ana, y se ha establecido la realización de una consulta previa de los pueblos indígenas para la administración de petitorios mineros en la zona aimara. También se ha declarado de necesidad pública e interés nacional la recuperación ambiental de los ríos Ramis y Suches, contaminados por la minería informal; un problema que se reavivó por lo menos hace cuatro años, pero que el gobierno simplemente nunca atendió.Algunos consideran que, a escasos días de culminar su mandato, el régimen aprista no puede devolver credibilidad al Estado, dictar una ley de consulta -que este Congreso se negó a aprobar-, dialogar con las regiones, promover políticas que ordenen el territorio o impulsar las inversiones con respaldo jurídico sin atentar contra los intereses de cada jurisdicción. Pero si bien el gobierno no puede enfrentar las causas que generan los conflictos, en esta ocasión el presidente Alan García sí puede hacer lo indecible para evitar que las crisis que ya explotaron se agraven aun más. Así sucedió en Bagua y en Puno, y puede ocurrir en Huancavelica, donde un grupo de estudiantes ha mantenido en vilo a una región sin que nadie sea capaz de imponer, por lo menos, el principio de autoridad. Dejar que los conflictos crezcan como una bola de nieve no es una buena opción. La experiencia de déjà vu es inevitable, después de lo sucedido en Bagua.Lo que corresponde, a poco de la transferencia al nuevo gobierno, es recoger las lecciones del caso y reconocer las responsabilidades que alcanzan a los diferentes actores sociales.Nunca más el Gobierno Central debe cerrarse a los reclamos regionales, sino convertirse en una instancia dialogante, sobre todo cuando la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales de la PCM, los presidentes regionales y municipales hacen agua.Lo sucedido en Huancavelica es un ejemplo de lo que no debe hacerse. Definitivamente, no debió esperarse a que haya cuatro muertos para recién otorgar un presupuesto propio a la Universidad de Tayacaja, creada a propuesta de congresistas que no evaluaron las consecuencias. Más allá de las partidas presupuestales, ahora han surgido otras demandas y también dos universidades, aunque no se han definido ni focalizado su misión, visión y necesidad pública, para que asuman la formación de los profesionales que necesita la región.En cuanto al orden, el Ministerio Público, en coordinación con el sector Interior y la PNP, debe imponer el orden. Existe una ley que sanciona el bloqueo de carreteras, y la fiscalía podría actuar de oficio en casos de violencia, pero ello tampoco se cumple. Finalmente, los poderes del Estado tienen que someterse a la Defensoría del Pueblo y atender a sus llamadas de prevención. Según el mandato constitucional, esa entidad no tiene una función ejecutiva ni mandatoria, pero ha cumplido de manera ininterrumpida en dos niveles: alertar al Estado con los reportes mensuales de los conflictos y supervisar acciones concretas para crear condiciones propicias para el diálogo. Lo cierto es que este gobierno culmina con 142 conflictos activos y 85 latentes, una desalentadora herencia para el próximo régimen, que bien pudo evitarse.