El Estado Peruano ahora tendrá que batallar legalmente con la empresa canadiense Bear Creek Mining Company, que reclama tener derechos legítimos sobre la concesión del proyecto minero Cerro Santa Ana, en Chucuito (Puno), precisamente el punto de partida de las protestas. Se trata de un valioso yacimiento de plata existente en dicha área.Como se recuerda, el diario El Peruano publicó el sábado el Decreto Supremo 083-2007, por el cual quedó derogada esta concesión para satisfacer el reclamo del pueblo aimara.El presidente de la firma, Andrew Swarthout, indicó que la empresa "tiene la intención de defender inmediata y vigorosamente sus derechos en Santa Ana por medio de todos los caminos disponibles".Entre éstos, mencionó la ley peruana y lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio Canadá-Perú. La minera afirmó, en un comunicado, que cualquier modificación del decreto es ilegal y sin base, pues considera haber cumplido con las leyes peruanas. Bear Creek tenía previsto invertir $71 millones para producir 5 millones de onzas de plata en los siguientes 5 años en la mina Santa Ana.