Al señor Aduviri y a los miles de aimaras que vienen realizando actos de violencia en Puno les han mentido cuando exigen que el Perú ponga en práctica el convenio 169 de la OIT.Este instrumento internacional, ratificado por el Perú y vigente como parte de nuestra legislación, consagra el criterio de la consulta previa a la realización de cualquier actividad extractiva o industrial en zonas o territorios aledaños a los de las comunidades nativas o indígenas.Y digo consagra, porque en la actualidad ninguna operación extractiva o industrial formal en dichas zonas podría imponerse por el simple permiso del Estado o por decisión unilateral de las empresas. Hoy por hoy, incluso antes de la realización de los estudios de impacto ambiental, las compañías realizan talleres, audiencias públicas y consultas de diverso tipo para obtener la denominada "licencia social".Esto, que hoy ya se ejecuta hasta por un simple sentido común de quienes han incorporado un mínimo criterio de sostenibilidad y responsabilidad en cualquier proyecto empresarial, es fijado por el Convenio 169 y por la ley de consulta previa que sigue a la espera de aprobación en el Congreso.Sin embargo, ciertas ONGs y la izquierda radical han "vendido" la idea (hoy comprada por Aduviri y Cia.) que dicho convenio y la referida ley implican, además de la consulta a las poblaciones, el derecho de veto a las operaciones y concesiones de las empresas, y convierte en vinculante la decisión de las comunidades por sobre los permisos que el Estado nacional les confiere (por mandato de la Constitución) a los inversionistas. Falso.Si las cosas fueran como el señor Aduviri cree, no sólo una turba podría impedir legalmente que las empresas mineras o de hidrocarburos ejerzan los derechos que el Estado peruano les otorga bajo diversas condiciones, sino que mi vecino y yo nos podríamos oponer a que la línea de buses "San Pedrito" pase por la avenida por donde vivimos, y las empresas de telecom podrían negarse a que se le dé una licencia a un nuevo competidor, y miles de etcéteras.El Estado está en la obligación de mejorar su rol de árbitro y promotor de la inversión en terrenos comunales o aledaños, qué duda cabe. Pero hacerle caso al señor Aduviri implica ponerle una lápida al Estado nacional y a la Constitución, así de simple, señala el periodista Mario Saldaña.