De acuerdo al marco legal establecido en la Ley N° 26221 (Ley Orgánica de Hidrocarburos), los precios de los combustibles se rigen por la oferta y la demanda; es decir que los consumidores tenemos la capacidad de elegir la forma de aprovisionamiento de combustible de acuerdo al nivel de oferta que exista en el país y a nivel internacional, dado que no somos autosuficientes ni en petróleo crudo ni en combustibles derivados. De esta forma: - Los productores son libres de vender su producción de petróleo o gas en el mercado interno o de exportarla. - Los refinadores -incluidas las plantas de fraccionamiento de gas- obtienen insumos (petróleo crudo y líquidos de gas natural) de la producción local o importan estos a precios internacionales. Estos operadores procesan estos insumos y obtienen los productores derivados y pueden venderlos localmente o exportarlos. - Los que participan en la distribución final pueden obtener estos productos importándolos directamente del mercado internacional o comprándolos a los refinadores. - Obtenidos los productos estos son llevados a las plantas de abastecimiento para su posterior comercialización.¿Cómo interviene el Estado? El Estado interviene estableciendo las exigencias técnicas que deben cumplir los combustibles que se comercialicen y promoviendo la transparencia, esto último con el fin de reducir la asimetría de información en la formación de precios entre consumidores y productores.Así, con el fin de promover la transparencia en la formación de precios de los combustibles, en el año 2003 se encargó al Osinergmin la publicación de los Precios de Paridad de Importación (PPI), concepto económico que establece el menor precio que mantenga al mercado de combustibles abastecido, dadas las características de calidad particulares del mercado peruano, independiente del precio de la materia prima (petróleo crudo). En un mercado perfecto donde los precios suben y bajan de acuerdo al mercado internacional, la fijación de precios debería hacer que los productores (refinadores) busquen la forma de establecer sus precios de lista de sus productos alrededor del PPI, teniendo en cuenta la limitante que el propio mercado le pone, dado que si fijan sus precios por encima del PPI los importadores podrían quitarle mercado, con las pérdidas económicas que esto les ocasionaría a los productores.El PPI es un precio que asegura que aun si no existiera producción nacional de crudo y/o derivados, el mercado estaría abastecido competitivamente mediante la importación.Como ningún mercado es perfecto, en el año 2004 se creó el llamado Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles, que busca dar predictibilidad en un mediano y largo plazo de los precios de los combustibles en el mercado interno, sin que los productores e importadores vean afectados sus ingresos económicos "como si" estuvieran en un mercado altamente competitivo. A pesar de los problemas de pago de la deuda del Fondo hacia los productores e importadores y los problemas financieros ocasionados por estos retrasos, la falta de focalización del mecanismo, la decisión política de embalsar los precios de los combustibles registrados en los últimos meses y otros problemas recientes, lo cierto es que este mecanismo ha venido amortiguando el precio final de los combustibles, generando un clima de estabilidad económica y favoreciendo a los bajos índices de inflación registrados en los últimos años. Finalmente, no hay mecanismo ni política económica que persista inalterable en el tiempo, todos son susceptibles de modificación, actualización o eliminación. No obstante, considero que dada la actual apertura de nuestra economía a los mercados internacionales, ir a un modelo de regulación de precios, revisión de costos y márgenes de refinación no permite que las dos partes del negocio (demandantes y ofertantes) prosperen, sino que se genere una demanda ficticia, problemas de desabastecimiento, contrabando y finalmente la disminución en nuevas inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos, con lo cual se pone en riesgo el pleno abastecimiento de combustibles y el desarrollo de la economía nacional, afirma Jaime Quijandría Salmón, socio de Laub y Quijandría, Consultores y Abogados.