Pese a las medidas adoptadas por las empresas prestadoras de servicios públicos y las autoridades policiales, importantes servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones vienen siendo afectados por acciones delictivas perpetradas por grupos organizados, que se dedican al hurto de instalaciones y bienes necesarios para la prestación de estos servicios, entre los que se encuentran los cables de cobre y aluminio, las tapas de buzones de agua potable y alcantarillado, los equipos de medición, entre otros, señala la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).Esta ola delictiva pone en riesgo la prestación regular y continua de los servicios públicos a lo largo de todo el país y con ello afecta a la población en general, a la prestación de otros servicios básicos como salud y educación, y al normal desenvolvimiento de las actividades económicas desarrolladas por comercios e industrias, razón por la cual se hace necesaria la aplicación de sanciones más severas para frenar este tipo de delitos.