El diálogo reabierto el viernes entre representantes del Ejecutivo y los dirigentes aimaras del Frente de Defensa de los Intereses del Sur de Puno, que se lleva a cabo en la sede del Ministerio de Energía y Minas, tiene dos componentes claros.Por un lado, la intransigencia de los aimaras a la hora de negociar sus demandas -cero actividad minera en el sur de la región y la cancelación de la concesión minera que el Estado otorgó en el 2007 a la canadiense Bear Creek Mining para explorar el cerro Santa Ana, en la provincia de Chucuito- y, por otro, un gobierno que ya está de salida y que busca dilatar todo lo posible la resolución de un conflicto que ha paralizado la región altiplánica desde hace más de un mes.Ayer, a eso de las 6 p.m., el viceministro de Minas, Fernando Gala, acompañado por el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, y del viceministro de Agricultura, Francisco Palomino, informó ante la prensa que tras varias horas de conversaciones había propuesto a los aimaras, con el fin de solucionar la huelga, someter cualquier concesión minera en la zona sur de Puno a consultas populares. Estas, precisó, se darían en un plazo no mayor de 30 días de presentada la solicitud de beneficio. Es decir, cuando la minera decida que ya es momento de explotar la concesión.Gala también propuso someter a referéndum la continuación del proyecto Santa Ana en Chucuito. De esta manera -agregó Hidalgo-, se dejaba en claro la voluntad del gobierno por solucionar el conflicto a través del diálogo.Sin embargo, la respuesta de los dirigentes aimaras, encabezados por Walter Aduviri, fue la esperada.