El pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) no admite medias tintas ni interpretaciones antojadizas: Las ordenanzas de los gobiernos regionales del Cusco y de Huánuco, que permiten el libre cultivo de la hoja de coca en esas zonas, son contrarias al orden constitucional, por lo que quedan totalmente desautorizadas y deslegitimadas.Al declarar fundada la demanda del Poder Ejecutivo se confirma entonces la potestad del Gobierno nacional y unitario de fijar y evaluar la política antidrogas del Estado, que no puede estar expuesta a los humores o vaivenes politiqueros de algunos caudillos regionalistas. Otra cosa distinta es que el TC llame la atención sobre los ejes de la política antidrogas actual, aspecto que debe merecer el análisis posterior, pues aparentemente implicaría rebasar las funciones del tribunal.El país espera que con este pronunciamiento de fondo del órgano contralor de la Constitución se ponga fin a la campaña demagógica y desestabilizadora de algunos políticos regionales, que finalmente solo sirve a los intereses del narcotráfico. Efectivamente. Nunca estuvo en duda el carácter tradicional, peruano y medicinal de la hoja de coca, como algunos pretenden hacer creer. Lo que rechazamos, junto con un gran sector de la sociedad civil, es la absurda injerencia de algunos en un tema muy delicado, que podría abrir las puertas al cultivo indiscriminado de la coca ilegal y dar la idea de que vivimos en un narco-Estado. Esto podría causar también graves problemas internacionales, sobre todo en momentos en que se negocia el TLC con Estados Unidos. En tal contexto, ¿qué necesidad había de dictar dichas ordenanzas cuando se sabe que en los últimos años el número de hectáreas de coca ilegal subió indiscriminadamente --de 44 mil hectáreas en el 2003 a 50.300 en el 2004-- y que las mafias del narcotráfico azuzan a los campesinos a oponerse a los planes de sustitución de cultivos? Actualmente, según cifras oficiales, los cocaleros le venden a Enaco solo tres mil toneladas de coca de las 110 mil que producen al año; y de estas seis mil de ellas se destinan al mercado informal y 100 mil van al narcotráfico.Hay que distinguir, pues, entre aquellos campesinos cocaleros que siembran para su consumo y participan de los programas de desarrollo alternativo, de aquellos otros que actúan como cómplices de los cárteles de la droga. Todo esto es lo que tiene que entender, por ejemplo, el presidente regional del Cusco, Carlos Cuaresma, quien irresponsablemente señala que acatará la sentencia del TC pero, por otro lado, respalda protestas de los cocaleros que él mismo anuncia y casi convoca. El Estado de derecho no admite tales digresiones. La ley es igual para todos y tiene que cumplirse y respetarse. Si hay que apelarla, pues hay que hacerlo ante los órganos pertinentes y por las vías correspondientes, incluso ante instancias supranacionales, lo que parece ciertamente exagerado. Las autoridades --nacionales, regionales, locales-- tienen que dar el ejemplo y no incurrir en pataletas infantiles cuando algún pronunciamiento les es adverso. Sobre todo cuando se trata de un tema tan grave como la liberalización del cultivo de coca, que es parte fundamental de la agenda de los criminales e indeseables cárteles del narcotráfico.