Lo que sucede con el río Rímac desde hace más de 100 años es peligroso y escandaloso. Y no solo porque sigue recibiendo descargas contaminantes de empresas mineras e industriales y de poblados asentados en sus riberas, sino también porque las autoridades no hacen nada por evitarlo, a pesar de contar con los instrumentos para cambiar esa situación.En una conclusión que debe ameritar el pronunciamiento de los gremios mineros, y por supuesto del Estado, un informe de El Comercio ha confirmado que a menos de un kilómetro de su naciente, en plena Cordillera de los Andes y donde solo operan mineras formales, el Río Hablador está riesgosamente contaminado con altísimas concentraciones de diversos metales.Y, lo que es más grave, las autoridades ambientales -como el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente- se han negado a identificar y denunciar a las empresas responsables de la contaminación, desoyendo los reiterados pedidos de este Diario y permitiendo la impunidad.¿Por qué tanta lenidad y desidia del Estado ante esta agresión ambiental? ¿Cuánto más se debe esperar para tener un río sin contaminación, problema que se inició en 1889 cuando una mina en Casapalca empezó a arrojar residuos de plomo al río? ¿Por qué las empresas mineras contaminan, si sus utilidades permiten mejorar sus procesos? El Estado debe reaccionar de modo urgente y firme. Salvo la campaña que lanzó en 1997 el entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, y que no recibió el respaldo del Ejecutivo, nunca ha habido una iniciativa estatal para lograrlo. ¿Qué se espera para actuar y proteger el medio ambiente y la salud de los limeños?