Cuando el congresista fujimorista Rolando Sousa sustentó el pasado 19 de mayo, en el pleno del Parlamento, el dictamen de la Comisión de Justicia que modificó el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública, solo dos colegas suyos pidieron la palabra para comentar la iniciativa: Aldo Estrada (UPP) y Carlos Torres Caro, pero ninguno de ellos la criticó. Solo hicieron algunas observaciones. Inmediatamente después, el presidente del Parlamento, César Zumaeta, llamó a votación. El resultado final de esta fue: 69 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. O sea, se aprobó por unanimidad (al igual que en la anterior instancia, la Comisión de Justicia). Nadie se quejó. Rafael Yamashiro (Unidad Nacional), Aurelio Pastor (Partido Aprista), Carlos Bruce (Perú Posible) o Daniel Abugattas (Partido Nacionalista) estuvieron entre los legisladores que votaron a favor. Según algunos expertos, la norma, que se publicó el pasado viernes en el diario oficial "El Peruano", modifica varios artículos del Código Penal y promueve la impunidad de los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción. La ley pone trabas y obstáculos para la lucha contra la corrupción.Ahora, por ejemplo, es el Estado el que debe verificar si un funcionario tiene un desbalance financiero. Antes el funcionario justificaba el origen de su patrimonio.