Quien escribe estas líneas tiene un profundo respeto por la institución de la Defensoría del Pueblo y, por tanto, le preocupa que al pronunciarse sobre aspectos técnicos como ciertamente lo es la fijación de las tarifas eléctricas, recabe únicamente como fuente las opiniones de técnicos, consultores y congresistas que están haciendo de la batalla para impedir la subida de las tarifas parte central de su estrategia electoral del 2006.La visión del Ministerio de Energía y Minas sobre la fijación de tarifas es muy clara. Respetamos las decisiones del organismo regulador y apoyamos su blindaje en todos los casos. No solamente cuando las tarifas bajan, también, y en particular, cuando estas suben. El que concede el servicio es el ministerio en representación del Estado; el organismo regulador, como su nombre lo indica, verifica el cumplimiento de dichas normas. Si este entiende que se debe hacer modificaciones se las propone al Ejecutivo y si dichas normas tienen rango de ley, este se las propone a su vez al Legislativo.La norma expedida por el Ministerio de Energía y Minas tiene como único propósito eliminar la discrecionalidad en la inclusión de proyectos en el cálculo de la oferta y demanda eléctrica. Esto es exactamente lo que manda la Ley de Concesiones Eléctricas; proyectos que se concretarán dentro de los próximos cuatro años del cálculo que sirva para establecer las tarifas. Se quiere evitar la repetición de inclusiones como la del proyecto Camisea en 1998, o sea beneficiando anticipadamente a todos los consumidores. O la inclusión del proyecto minero Tambogrande, por el lado de la demanda, cuando todos conocemos la suerte que siguió dicho proyecto. Respecto a la segunda etapa de Machu Picchu, este entrará cuando se tenga identificado al promotor, se cuente con un cronograma de obra y un esquema de financiación; antes no, ya que nos estaremos engañando todos y no habrá incentivo para invertir.Sobre la interconexión de los países vecinos, recomiendo al defensor leer el plan de gobierno de Energía y Minas, en donde se indica que se continuarían con los compromisos adquiridos con Ecuador y Colombia, iniciados durante el gobierno del doctor Paniagua, por ser beneficiosos para todos los consumidores del país. Dicha interconexión genera mayor confiabilidad del servicio, mayor oferta energética y una reducción en la tarifa. No en un punto en el tiempo, sino a lo largo de la vida de este. Nos estamos interconectando con el Ecuador y con inversiones complementarias no solamente venderemos energía, sino que también podremos comprar energía en tiempos de sequía. No solamente de Ecuador, también de Colombia y Venezuela que ya están interconectados. De esta manera estamos defendiendo el interés del consumidor peruano en una perspectiva de largo plazo, de desarrollo sostenible.Por último, creo que la preocupación principal en cuanto a política energética la constituye, por un lado, el incremento de la inversión privada y pública, así como la expansión de la frontera eléctrica. He repetido en múltiples oportunidades que el reto que enfrenta el país es cómo incorporar al servicio eléctrico a seis millones de peruanos que no lo están. Frente a ambos objetivos las tarifas en perspectiva, no solamente en un punto en el tiempo, constituyen una herramienta y no un fin en sí mismo. Mal hacemos defendiendo el interés de corto plazo del consumidor eléctrico urbano cuando el problema lo tienen los pobladores rurales que, como todos conocemos, es donde radica la pobreza extrema.Elevemos el nivel del debate y no caigamos en espejismos cortoplacistas sobre los verdaderos intereses del pueblo. Digámoslo claramente: tarifas estáticas o bajas reducen el incentivo a invertir y eso a largo plazo trae racionamiento y mal servicio; eso ya lo conocemos, pues lo hemos vivido y no necesitamos que nos lo cuenten, señala el Ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría.