El Gobierno Central aún tiene tiempo para aprobar una ley de consulta popular que evite más conflictos mineros en el país. Dar prioridad al diálogo es optar por el mejor mecanismo para la resolución de las crisis sociales, medioambientales, entre otras, que se han multiplicado sobre todo en el último quinquenio ante la vista y paciencia del régimen aprista.Como ha demandado la Defensoría del Pueblo, lo que se exige no es una dádiva. Simplemente, se trata de cumplir con uno de los derechos y reclamos de las comunidades amazónicas que se levantaron en Bagua el 5 de junio del 2010.Un año después, nada se ha avanzado en materia de políticas públicas a favor de esa población ni sobre la ley de consulta popular. Parece que al Gobierno no le importa descentralizar el país, trabajar a favor de la reconstrucción del Estado en zonas históricamente abandonadas e incluirlas socialmente. La presencia de las comunidades nativas es evidente, pero la tarea inacabada es con su desarrollo, mediante una política que revalore la selva y su potencial. Para ello se requiere interactuar con la población y sobre todo abrir canales de diálogo que permitan erradicar la desconfianza que nos separa como peruanos. Uno de esos canales es la ley de consulta previa.
- [El Comercio,Pág. A 4] /