La tregua anunciada por dirigentes antimineros en Puno, de modo que se pueda cumplir la votación del domingo, es una buena noticia. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos rechazar la amenaza de algunos dirigentes en el sentido de que, de no ser aceptada finalmente su propuesta, "desconocerán a las autoridades elegidas" el 5 de junio. Reiteradamente hemos invocado a los dirigentes y autoridades regionales y nacionales para que se aboquen a un diálogo serio, fluido y civilizado sobre el problema de fondo, sin caer en excesos violentistas ni afectar el orden constitucional y los derechos de los demás a desplazarse y realizar actividades económicas. En tal escenario, es lamentable la falta de voluntad de diálogo de ciertos dirigentes del llamado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de Puno, que paralizaron toda una región por dos semanas a través de la violenta ocupación de vías, saqueo y destrucción de locales. En el caso del proyecto minero Santa Ana está en juego una cuantiosa inversión que fue aprobada inicialmente por la mayoría de pobladores, pero que ahora se ha convertido en caballito de batalla de algunos grupos.Tenemos que buscar una solución definitiva a estos problemas, sin crear precedentes negativos para la inversión minera responsable, que, bajo el imperio de la ley y con pocas excepciones que deben ser investigadas, ha logrado dinamizar economías regionales, dar trabajo y sostener en gran medida al fisco nacional. Comprendemos las preocupaciones sobre sostenibilidad ambiental y cuidado del agua, pero reiteramos que hay que ver caso por caso, sin caer en postulados radicales o maximalistas, que pretenden demonizar la minería, sin considerar el ordenamiento legal y nacional vigente, y los perjuicios conexos que ello conllevaría.