La suspención del proyecto minero Santa Ana y la admisión de nuevos petitorios mineros por los próximos 12 meses en Puno, sería una muestra de que puede más la animadversión generada por asusadores sociales, que los impactos que en sí esa actividad formal puede generar.Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 hectáreas en el 2010, es decir, aumentó en 279%, según informó la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).No obstante, si bien un 24% del territorio de Puno está concesionado a la minería, menos del 1% es explotado, observa Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín, anotando que aún existe un gran potencial por explotar en oro, plata, plomo, estaño y zinc. En cuanto a la suspención por 12 meses del procedimiento para aprobar el estudio ambiental del proyecto Santa Ana, Miguel Grau Malachowski, asesor legal Bear Creek, titular de esa concesión, consideró que desde el Ejecutivo no se puede, por razones políticas, dejar sin efecto las normas que sostienen inversiones en ese sector. "Hemos invertido durante más de 20 años en el Perú por las seguridades jurídicas que se ofrecían en el país, y no se puede vía decreto revocar otro decreto", anotó, en referencia a la norma que le permitía ejecutar este proyecto en una zona cercana a la frontera.A su turno, el presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, pidió investigar a los que están detrás de las protestas contra el proyecto Santa Ana, advirtiendo que existiría una "portatil", es decir un grupo que constantemente se moviliza en contra de todo proyecto de la gran minería, y que antes estuvo tras la protesta contra el proyecto Tía María, en Arequipa.
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