El caso de Puno es solo uno de los 233 conflictos sociales que enfrenta el país, de acuerdo al último reporte presentado por la Defensoría del Pueblo.Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, explicó a Gestión cuál es la situación que tendrá que enfrentar el país en las próximas semanas y detalla que existen siete focos que podrían desencadenarse, de los cuales seis involucran a empresas.¿Se esperó mucho tiempo para dialogar y resolver el problema de Puno? Es un caso que lo tenemos registrado en los reportes de la Defensoría desde el 2008 y se reactivó en el 2010.Bastante tiempo.Tiene una cierta antigüedad, pero no hubo una continuidad en la atención del problema y el desarrollo del diálogo.¿Cuáles son las principales zonas de conflictividad en este momento? En el Perú hay más de 230 conflictos y nadie podría asegurar que se van a quedar tal cuales están, cualquiera de ellos podría escalar hacia la violencia en cualquier momento.¿Podría mencionar alguno?En Apurímac hay dos conflictos que merecen una atención urgente: el de Iscahuaca, donde la minera Suyamarca ha sido cuestionada por la comunidad debido a un conjunto de compromisos que asumió y que la población interpreta que no han sido cumplidos; además, el caso Challhuahuacho, que se refiere a la minera Xstrata que desarrolla el proyecto minero Las Bambas.¿Qué otros casos existen?Está pendiente el asunto de Majes-Siguas, que enfrenta a Arequipa con Cusco, también el caso de Doe Run en La Oroya. Asimismo, el aeropuerto de Chinchero, donde la población se opone a los proyectos, pues señala que no ha sido consultada. En el mismo Puno hay casos de minería informal en el Río Ramis y Suches, y en el corto plazo podría activarse. También hay un asunto pendiente en Cusco - Puno, sobre el proyecto hidroeléctrico Inambari.
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