En los últimos 80 años el péndulo político del Perú ha oscilado entre regímenes democráticos y autoritarios en ciclos de aproximadamente diez años. Este 2011 se cumplen, precisamente, diez años de democracia y quizá no sea casualidad que las dos opciones que pasaron a la segunda vuelta sean precisamente las que expresen la nostalgia de un sector de la población por un liderazgo fuerte y cercano. De modo que no se puede soslayar el peligro de una recaída.Para que ello ocurra, sin embargo, tendría que producirse un incremento exponencial del conflicto y el desorden o una recesión económica con pérdida de ingresos y empleo. Lo primero está presente en cualquiera de las dos opciones. Si gana Keiko Fujimori, podría afrontar la reacción de los radicales frustrados por la derrota de su candidato, aunque esto se agotaría en el corto tiempo que dure el desembalse emocional, salvo que se reconforme una coordinadora insurreccional como la que se organizó el 2008-2009 para tentar la renuncia de García y la convocatoria a una asamblea constituyente. Pero ahora Chávez y Morales tienen menos predicamento y Keiko Fujimori no es García: su estilo no será el de pontificar -y provocar- desde Palacio sino -suponemos- el de conducir tareas de desarrollo en el campo, lo que tendería a pacificar el país y recrear un clima de progreso colectivo. Si gana Ollanta Humala, lo que tendremos será la sensación de empoderamiento de radicales como los del sur de Puno de hoy, que se sentirán con respaldo político para exigir la expulsión de la minería o de cualquier inversión foránea, o para levantar considerablemente el nivel de las demandas de cualquier otro tipo. Si el gobierno acompaña estas movilizaciones, tendríamos no solo un incremento notorio del conflicto sino una retracción muy fuerte de la inversión, con el efecto de parar el crecimiento y agotar las fuentes de redistribución, con lo que solo quedaría apelar al célebre plan original: impuesto de 45% a las sobreganancias mineras, captura de la comercialización del gas, reestatización de puertos y aeropuertos, tomar el dinero de las AFP, etc. Y a esas alturas, por supuesto, de la democracia ya quedaría poco.Incluso su hoja de ruta es problemática, pues, a la larga, la única garantía relativa de que la democracia no caiga es el desarrollo de una clase media extendida. Eso ha comenzado en los últimos 20 años, pero para que avance y se consolide se necesita facilitar agresivamente la formalización. Con un 70% de la PEA informal no se podrá construir una clase media fuerte. Para hacerlo, lo peor es el esquema bolivariano de tomar dinero de la industria extractiva para redistribuirlo (Pensión 65, etc.) sin exigir formalización a cambio, sin que sea la contraparte de una aportación propia. Es perpetuar la informalidad, la subciudadanía, que no sostiene a democracia alguna, señala Jaime de Althaus.