¿Cómo son elaboradas las leyes en el Perú? Se sabe que además del Congreso, los otros poderes del Estado también tienen iniciativa legislativa, pero todas son debatidas y aprobadas por la representación parlamentaria. Lo que no se conoce muy bien es cuál es el proceso y quiénes tienen a su cargo la investigación, discusión y redacción de los proyectos. He aquí una necesidad de transparencia que debe formar parte de una reforma profunda: los electores tenemos derecho a recibir información acerca de los autores de las leyes y de todas las normas legales que nos afectan. El Poder Ejecutivo tiene mucho que transformar en ese sentido, pues además de dejar de manejar este asunto como si fuera secreto de Estado, tendrá que deshacerse de las prácticas que en la actualidad salpican leyes y reglamentos con intereses particulares. Aunque no sea la intención de las entidades que colaboran con la preparación de los proyectos de ley (como es el caso de los estudios jurídicos), la única forma para evitar la existencia de conflictos de ese tipo es que ya no se recurra a esa alternativa.Lo mismo podría decirse de los think tanks, pues a diferencia de democracias con menores deficiencias estructurales, en el Perú estas instituciones aún están trabajando en construir un perfil autónomo y especializado. Y pensar en los asesores, como ya advertimos el miércoles pasado, no sería una solución sino un problema mayor, considerando que la capacidad profesional y la independencia todavía no son las principales competencias que se exigen a estas personas.Y si en los ministerios y otras entidades del Ejecutivo los consejeros tienen problemas para distinguir los intereses públicos de los privados, en el Congreso esa deficiencia es alarmante. Basta con leer cualquier iniciativa para detectar fallas y omisiones -incluso contradictorias con el mandado de la Constitución-, o que son promovidas con un inexplicable ímpetu.Si realmente existe el compromiso por reformar el Estado, un paso inevitable tendrá que ser la mejora de la carrera pública: formar equipos cuya capacidad profesional sea equiparable a la del sector privado (lo mismo que sus remuneraciones) y cuyos servicios trasciendan los periodos presidenciales o congresales.