La minería, ya amenazada con potenciales impuestos a las sobreganancias y violentas protestas sociales que buscan ahuyentarla, ahora enfrenta un nuevo riesgo: el de las consultas previas de las comunidades indígenas en las etapas iniciales de esa actividad. Hasta ahora tales consultas solo se han venido exigiendo como parte de los estudios de impacto ambiental, que se requieren en la etapa avanzada de una concesión, es decir previo al inicio de explotación de los recursos o a fases más avanzadas de exploración. Sin embargo, el recién aprobado Decreto Supremo 023-2011-EM dispone que el Ingemmet y los gobiernos regionales, deberán requerir la opinión previa de los pueblos indígenas antes de aprobar una concesión.El procedimiento para aprobar una concesión se inicia con el petitorio minero, y en lo que va del año el Estado ha recibido más de 4,000 petitorios mineros para realizar actividades sobre 2.4 millones de hectáreas a escala nacional.No obstante, esta nueva exigencia de consultas previas en la etapa inicial de la minería constituye un trámite bastante engorroso que va a retrasar aún más los petitorios mineros, advirtió Humberto Martínez, especialista en derecho minero del estudio Rosselló. Normalmente, señaló, toma 60 días hábiles nominales obtener una concesión, pero con este trámite se va a demorar más de un año, pues, según la norma, se va a tener que requerir opinión del Ministerio de Cultura, al cual están asignados los pueblos indígenas, y al Ministerio de Agricultura, que otorga los títulos y el registro que determina la posesión de tierras de los pueblos indígenas.
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