Como no podía ser de otra manera, ya que se trata de una política de Estado, ajena a cualquier tendencia o matiz político, el pleno del Congreso aprobó anoche, por unanimidad, el acuerdo de límites marítimos entre el Perú y Ecuador. Es de justicia resaltar que este tratado con el vecino país del norte se forjó en algo más de un año, en un clima de buena voluntad y alto profesionalismo diplomático en ambas partes. Ahora ambos gobiernos registrarán el tratado en las Naciones Unidas, tal como señala el artículo 102 de la Carta de esa organización internacional. Como todo tratado de límites, el suscrito entre el Perú y Ecuador cuenta con un respaldo cartográfico minucioso y detallado. Es, pues, para todos los efectos, un documento que se ajusta plenamente a las normas del derecho internacional. Precisamente estos detalles, que son de gran importancia, respaldan muy positivamente nuestra posición en el contencioso que sostenemos con Chile en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. El canciller José Antonio García Belaunde, en relación con el tratado suscrito el 2 de mayo último, dijo que ese acuerdo de límites confirma nuestro planteamiento respecto a Ecuador, que se refleja en las palabras del jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, quien ha sentenciado: "Nunca hubo un documento tan contundente que, sin lugar a dudas, establezca nuestros límites marítimos". En la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en Ginebra en 1960, el presidente de la delegación chilena, Luis Melo Lecaros, señaló lo siguiente: "Como explicara ya nuestra representación en el undécimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no es el problema de la extensión del mar territorial el que especialmente nos interesa, sino el de la pesca". Estas palabras nos eximen de comentario alguno. En 1952 y en 1954, Chile, Ecuador y el Perú suscribieron únicamente tratados pesqueros. Algo más. El Convenio sobre Zona Especial Fronteriza de 1954 solo fue ratificado por Chile 13 años más tarde, en 1967, y registrado en las Naciones Unidas recién en el año 2004. ¿No resulta lógico pensar que si hubiera sido un tratado de fronteras se hubiera ratificado de inmediato, tal como lo harán ahora el Perú y Ecuador e inscrito a continuación en las Naciones Unidas? Abundando en este tema, a diferencia del Tratado de Límites Marítimos Peruano-Ecuatoriano, respaldado por diversos mapas, como es obligado en documentos de esta naturaleza, ni la Declaración de 1952, ni el Acuerdo de 1954, que Chile exhibe como sus pilares fundamentales en el contencioso de La Haya, tienen mapas, están huérfanos de respaldo cartográfico. Todavía podemos añadir otro argumento a favor de nuestra posición en la Corte Internacional de Justicia. Desde mediados de 1977 Argentina y Chile iniciaron negociaciones con el propósito de delimitar los espacios marítimos en la región austral. Hubo un laudo de S. M. Británica, que no puso fin al desacuerdo y crispación entre ambos países que se aprestaron para la guerra. En enero de 1979, cuando el enfrentamiento armado chileno-argentino era inminente, se inició la mediación papal. El mediador fue el cardenal Antonio Samoré. Finalmente ambos países lograron ponerse de acuerdo y firmaron un Tratado de Paz y Amistad, en el Vaticano, el 29 de noviembre de 1984. Dicho tratado de delimitación marítima fue ratificado oportunamente y puesto en vigor, obviamente con abundante cartografía. Por las razones expuestas, como bien señala el canciller José Antonio García Belaunde, nuestra posición en La Haya se refuerza y podemos esperar la sentencia, que posiblemente será emitida en el 2013, con serenidad y fundado optimismo.