Cualquiera que sea el resultado de la segunda vuelta (¿por qué dos largos meses entre una y otra, doña Magdalena?), tendremos durante los próximos años un país con alta conflictividad social. Si gana el comandante, porque las expectativas generadas son tan altas que se verán inevitablemente defraudadas. Si gana la heredera, porque la balanza tenderá a inclinarse hacia el lado de los inversionistas, desoyendo o minimizando las demandas populares.Si hay un equipo cuya eficacia debería estar fuera de toda sospecha es precisamente la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM. En todo caso, no será un escenario novedoso: durante los últimos cinco años, los puntuales reportes de la Defensoría del Pueblo han dado cuenta de 250 conflictos como mínimo, dos tercios de ellos activos y la mitad originado en problemas socioambientales. Teniendo en cuenta la polarización que ha generado la campaña, es poco probable que esa inclinación hacia el conflicto y la sospecha -prevaleciente entre nosotros- pueda disminuir.Ese es el telón del fondo sobre el cual Álvaro Barnechea y Francisco Tumi han construido -hay algo de arquitectónico en el esfuerzo- las conversaciones que constituyen la esencia de El Síndrome del Cuarto del Rescate. Se trata de 36 entrevistas realizadas entre setiembre del 2010 y febrero del 2011 en 10 departamentos del país, tratando de lograr una muestra representativa y plural de quienes día a día definen la relación del país con sus industrias extractivas: analistas políticos y económicos, ambientalistas, profesionales de la gestión pública, empresarios, autoridades, líderes regionales y otros.Una primera constatación es que hay lucidez, voluntad de diálogo y deseo de encontrar espacios de entendimiento. Con matices y poniendo el énfasis en aspectos distintos de los problemas que generan las industrias extractivas, expresan sus opiniones y preocupaciones personajes tan diversos como José Ríos, alcalde distrital de Echarate; Pablo de la Flor, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina; Antonio Brak, ministro del Ambiente, y Santiago García de La Rasilla SJ, obispo de Jaén.Algunos se refieren al déficit institucional que dificulta el diálogo; otros subrayan las barreras que traban la inversión; alguno señala las contradicciones que genera el canon tal como está concebido.Finalmente, los autores se animan a ofrecernos "124 recomendaciones para un indispensable debate nacional’ que sería imposible reseñar en este espacio, pero que deben constituir parte de la agenda mediática y política, y lectura obligatoria para quien vaya a suceder en el cargo a Ronald Ibarra, señala Guido Lombardi.