La Defensoría del Pueblo invocó a las autoridades nacionales, regionales y locales a realizar sus máximos esfuerzos por resolver en forma pacífica y dialogada los conflictos sociales registrados en el departamento de Apurímac. Fue tras los hechos de violencia en los que intervinieron pobladores de las comunidades campesinas de Iscahuaca y Challhuahuacho en contra de las actividades que llevan a cabo las empresas Suyamarca y Xstrata.Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, señaló que el bloqueo de la vía de acceso al campamento minero en Iscahuaca y el enfrentamiento con policías en Challhuahuacho dejó 11 comuneros heridos.