Todas las instituciones del Estado implementarán, de manera obligatoria, un Libro de Reclamaciones, en el que los ciudadanos puedan dejar constancia de sus quejas ante el servicio que reciben cuando realizan trámites en estas instancias, según un decreto publicado por el Ejecutivo. De esta manera se hace extensivo al sector público este mecanismo previsto en el Código del Consumidor, que posibilita a los consumidores reclamar por los malos servicios o productos que reciban. La implementación de esta herramienta "tiene por finalidad establecer un mecanismo de participación ciudadana para lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atención en los trámites y servicios que se les brinda", dice el dispositivo.