Los sindicatos de trabajadores metalúrgicos, empleados y trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya presentaron una demanda judicial por US$ 400 millones contra Consorcio Minero (Cormin), a la que acusan de "pretender la liquidación de Doe Run Perú (DRP)", lo que provocaría la pérdida de sus puestos de trabajo.En la denuncia por daños y perjuicios están comprendidos además el juez Víctor Román Valencia y los funcionarios de la Comisión de Procesos Concursales de Indecopi, a los que responsabilizan de frustrar la Junta de Acreedores en la que se iba a decidir la reestructuración de la empresa. El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, presentó la denuncia ante el 5to. Juzgado Civil de Lima.
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