Otra vez se puso sobre el tapete el tema de los supuestos juicios que las empresas que construirán la carretera Interoceánica mantienen con el Estado. La Contraloría General de la República ya había afirmado la existencia de estos litigios, mientras que Pro Inversión lo ha negado (lo mismo que los propios empresarios). Esta vez fue la Comisión de Fiscalización del Congreso la que ahondó en el asunto.El congresista Javier Velásquez Quesquén, presidente de dicha comisión, anunció en la sesión de ayer que en 30 días se emitirá un informe final al respecto.La pregunta es: en el caso hipotético de que descubran indicios de la existencia de estos juicios, ¿tiene esta comisión facultades para pedir la anulación del contrato? No precisamente, pero sí podría solicitar al Poder Judicial que, como máximo órgano legal, se pronuncie y tome medidas al respecto.