Con algunos días de retraso, el Ejecutivo publicó el jueves pasado cuatro de los reglamentos pendientes de la Ley 29571 (el Código del Consumo), un paso más para la implementación completa de la norma, que está vigente desde octubre del 2010. Si bien se continúa avanzando en la parte legal, aún se desconoce si la regulación encontrará una réplica adecuada en la práctica, habida cuenta que los actores que tomarán parte en los procesos no cuentan hasta el momento con los recursos necesarios para asumir esa labor. En primer lugar, figura Indecopi, la institución sobre la que recaerá la mayor parte del peso del referido código. ¿Se está preparando para asumir esa responsabilidad? ¿Será necesario contratar personal adicional y capacitarlo convenientemente? ¿Existen los fondos para cubrir tales gastos? Todas estas interrogantes deben ser respondidas a tiempo, pues el sistema de protección al consumidor tendrá serias dificultades para funcionar como lo ha hecho hasta ahora con las nuevas tareas que el código le ha encargado. El Poder Judicial tendrá también un papel relevante en el nuevo sistema y en este caso, las carencias funcionales tienen que ver con la falta de experiencia de los juzgados en materia de protección al consumidor. En ese sentido, la precariedad operativa que adolece este poder del Estado podría exacerbarse con la inclusión de una carga respecto de la cual no posee una preparación óptima. Se ha visto, por ejemplo, que procesos judiciales relacionados con las tareas de Indecopi no duran meses sino años. En tercer lugar, figuran las asociaciones de consumidores. De momento, solo una de estas organizaciones posee una presencia notoria en el mercado, pero el sistema solo podrá fortalecerse y ganar en representatividad si ese trabajo es compartido con otras instituciones de ese tipo. Finalmente, hay temas importantes que siguen sin ser definidos. El principal es el etiquetado de los transgénicos, en el que la falta de voluntad política es palpable. El otro reto es la descentralización del sistema pues la presencia de Indecopi en el interior del país es muy débil. El Estado perderá una gran oportunidad si los esfuerzos para institucionalizar la protección del consumidor se concentran en Lima.
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