El Gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca fortalecer la autonomía institucional y funcional de los organismos reguladores como Indecopi, Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass. Sin embargo, es cuestionable que, a pesar de lo trascendental del asunto, se haya esperado la última hora, justo cuando estamos en campaña electoral y a menos de dos meses para que termine la actual legislatura. El tema es muy serio, ya que dichos organismos arrastran una serie de problemas tanto por injerencia política o de grupos de interés -lo que revela su frágil autonomía- cuanto por el engorroso proceso de elección de los miembros de su directorio, además de las imposiciones y limitaciones presupuestales. Entre las innovaciones del nuevo proyecto se incluye nombrar cada año a un miembro del directorio y así de modo sucesivo, con el fin de evitar que ocurra el término de mandato de dos o más directores al misto tiempo, lo que ha afectado el funcionamiento de la entidad. Asimismo, se busca dotar de un mayor nivel de autonomía, eficiencia y legitimidad a sus resoluciones para evitar que puedan ser fácilmente cuestionadas a través de arbitrajes o procesos judiciales, como se ha dado en los últimos meses. No obstante ello, sería importante que tanto el Ejecutivo como el Congreso convoquen a los organismos reguladores y los expertos para escuchar sus propuestas y sugerencias. En una economía social de mercado, los organismos reguladores juegan un papel crucial, pues en representación del Estado son los encargados de normar, supervisar y fiscalizar el quehacer empresarial y cautelar los intereses de los inversionistas, usuarios y del propio Estado. Por ello, todo lo que fortalezca su autonomía y eficiencia debe ser respaldado.