Las acreencias de unas 150 empresas mineras y 2,500 trabajadores se encuentran en manos del Indecopi, ya que en los próximos días debe evaluar el futuro de las deudas pendientes de pago de Doe Run Perú, y la decisión de volver a operar el complejo metalúrgico de La Oroya, en Junín. Tras haber convocado a junta de accionistas para iniciar el proceso concursal, Indecopi recibió una medida cautelar del Poder Judicial por parte del acreedor minero Cormin, oponiéndose a que Doe Run Cayman, uno de los acreedores vinculados de Doe Run, tenga derecho de voz y voto en la junta. Para Cormin el crédito de US$ 140 millones que tiene pendiente DRP con Doe Run Cayman no corresponde a la propia empresa, sino que es una deuda que tiene el propietario Ira Rennert ante terceros. Tras acatar la medida cautelar, el Indecopi suspendió la junta y solicitó una aclaración al juez, quien indicó que la medida cautelar es lo ‘suficientemente clara’ en lo referente a suspender los derechos de Doe Run Cayman. Queda ahora en manos de Indecopi si convoca a una nueva junta de accionistas o plantea otra salida. En tanto que, el ministro de Economía, Ismael Benavides, señaló que el Estado asumirá la defensa de sus intereses frente a la demanda de Doe Run sobre una indemnización de US$ 800 mlls. frente al Ciadi, "ya que la empresa no tiene razón en sus demandas". "Se tiene contratado a los abogados en Perú y en el extranjero que asumirán nuestra defensa. Tenemos la verdad y la razón para defendernos", agregó Benavides.