Es un éxito para nuestra democracia que 26 de los 28 partidos que van a presentarse a las próximas elecciones hayan cumplido con entregar a la ONPE la información referida sobre sus estados financieros. Ahora queda por ver si lo puesto en el papel es transparente y si las sumas y restas cuadran.Los partidos políticos son los canales de la voluntad popular en todas las democracias que funcionan. Es, pues, necesario que los ciudadanos conozcan a cabalidad las características de estos vehículos en los que sus opiniones viajan hasta las esferas del poder. Si los electores no saben bien de dónde vienen y a dónde van dichos vehículos, no tienen cómo saber si se están subiendo en ellos o no por las razones correctas y todo el juego del sistema democrático se distorsiona.Nada mejor, por otra parte, para conocer realmente de dónde vienen nuestros partidos -- y, por lo tanto, hacia donde tenderán a ir-- como saber quién los financia. Recorriendo la ruta del dinero se encuentra, por regla general, las motivaciones detrás de la actuación de quien lo recibe.El éxito alcanzado, empero, está incompleto. Lo que los partidos están dispuestos a revelar no es necesariamente lo que los ciudadanos están interesados en saber. De lo que se trata con estas obligaciones de revelar sus fuentes de financiamiento --impuestas a los partidos--, es de encontrar posibles centros de interés que puedan secuestrarlos a espaldas de la ciudadanía.La victoria de la ONPE supone, entonces, también un reto inmediato: el fiscalizar hasta ponerse en situación de asegurarnos a los votantes que los datos que nos han enseñado nuestros partidos son ciertos y son todos los que debiéramos saber.