Conocidos los resultados de la primera vuelta electoral presidencial, la Bolsa de Valores de Lima registró ayer una caída de 3.10%, mientras que el dólar se mantuvo estable. Bancos de inversión y agencias internacionales comenzaron a pronunciarse sobre dichos resultados. Por ejemplo, Moody´s, calificadora de riesgo soberano, concluye que ninguno de los candidatos que pasarían a la segunda vuelta (Ollanta o Keiko) tendría la habilidad política para fuertes ajustes de política que pongan en grave desafío los sólidos fundamentos crediticios del Perú. Lo que le espera a nuestro país en la segunda vuelta electoral será parte de un proceso que analizaremos en su oportunidad. Ahora nos interesa más la agenda pendiente de corto plazo de acá al 28 de julio.Lo primero que debe asegurar el Gobierno saliente es el control de la inflación ya que vienen incrementándose factores de riesgo de que se incumpla la meta. Muy ligado a ello está el déficit fiscal. Aparte de cumplir con el recorte del ritmo de crecimiento del gasto público y de incrementar efectivamente el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), dispuestos por el MEF, debe desmontarse el embalse de precios de los combustibles que se decretó hasta fines de este mes. De lo contrario se creará un forado que algunos calculan en más de S/. 2,000 millones para todo este año. Los equipos económicos de los candidatos a la segunda vuelta deberían monitorear el cumplimiento de las reglas fiscales para este año, entre ellos que el superávit del primer semestre no supere el 4% del PBI correspondiente a ese periodo. Por otro lado, el BCR debería continuar con el retiro del estímulo monetario a un ritmo tal que, para fines de julio, se tenga una tasa de interés de referencia compatible con una política neutral (que algunos estiman en 5%).También se espera total transparencia y eficiencia en la concesión que le resta por adjudicar a este Gobierno (puerto de Yurimaguas según ProInversión) en los otros proyectos en cartera con procesos ya iniciados (programados para salir en el segundo semestre), así como en las que se otorgaron en lo que va del año por US$ 3,200 millones. El Congreso también tiene una agenda legislativa pendiente que debe priorizar los proyectos de ley realmente de interés público, y no aquellos que respondan a intereses particulares.
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