En una medida sorpresiva, que traslada al próximo gobierno la resolución de un serio problema, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha dispuesto que se paralice por 180 días la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María. De cualquier modo, esta señal del Estado tiene que coadyuvar a recuperar la paz social y la ponderación. Sin embargo, algunos dirigentes comunales de Islay se niegan a levantar su medida de fuerza y a retomar el diálogo, en actitud totalmente contraria al Estado de derecho y a los principios democráticos de orden, autoridad y participación responsable.Lo que sucede con el proyecto minero ha sido una sucesión de desentendimientos dentro de una campaña masiva de oposición que no ha estado exenta de injerencias políticas e ideológicas, bloqueos violentistas de carreteras -que perjudican a miles de inocentes- y enfrentamientos con las fuerzas del orden, que han dejado como saldo un muerto y decenas de heridos.Estos hechos lamentables, que nadie desea que se repitan, deberían llevar a las partes involucradas -el Gobierno Central, la mina, las autoridades locales y regionales y los representantes de la comunidad- a retomar el diálogo, respetando las atribuciones y competencias de cada autoridad y representación.Nadie puede estar por encima de la ley y el orden constitucional. Resulta así inaceptable que ante el pedido de tregua para que los ciudadanos de la zona puedan ejercer libremente su derecho a votar en las elecciones del domingo el presidente del Frente de Defensa de Islay, Pepe Julio Gutiérrez, haya dicho: "No damos ningún tipo de tregua", ni siquiera para eso.Esto es muy grave, pues no solo se atenta contra el derecho al libre tránsito de las personas, sino también contra su derecho fundamental (art. 31 de la Constitución), de elegir libremente a sus representantes […] Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite el ejercicio de sus derechos. Es decir, estarían incurriendo en serio delito, que debe ser denunciado por las autoridades.No pretendemos echar más leña al fuego, sino deslindar responsabilidades y propiciar mecanismos de acercamiento a través de una tregua y una mesa de diálogo, respecto de un proyecto que, aparte de cumplir con todas las especificaciones ambientales y técnicas, debe obtener la licencia social a través de mecanismos formales y de consulta, a lo que la empresa ha accedido.