Desde hace dos semanas, cuando se anunció la posibilidad de una huelga policial, el país fue sacudido por una explicable incertidumbre e inseguridad. Y no era para menos. La historia reciente nos recuerda las consecuencias que acarrean paralizaciones de ese tipo, protagonizadas por quienes deben preservar el orden interno.En previsión de ello, es oportuno y positivo que el Gobierno haya demostrado voluntad política para resolver esta situación mediante una salida que, sin afectar el marco presupuestal, permitiría enfrentar la precariedad salarial de la PNP, complejo y antiguo problema que evidentemente no podrá resolverse de manera integral de la noche a la mañana. En principio ha hecho bien el presidente Toledo en precisar que el aumento para la PNP será posible gracias a una priorización del gasto sectorial. No se puede desvestir a un santo para vestir a otro. De manera que debe saludarse que se haya optado por la solución menos traumática: un desembolso de S/.104 millones para honrar las obligaciones pendientes del 2004-2005, más S/.180 millones para cubrir los aumentos del 2006, todo ello sin desborde fiscal. Esto permitiría pagar vacaciones atrasadas, aumentar el gasto por el rancho, entregar un bono especial y único de aquí a diciembre por 150 soles, asumir gastos de operatividad (de gasolina, por ejemplo) y los viáticos de organismos especializados como Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).La PNP gozará, pues, de un aumento al que con tanta justicia ha aspirado. Como se sabe, además del atraso salarial, el Estado adeuda a la institución policial S/.350 millones, entre otros pagos, sin contar con los descuentos que se hacen a sus boletas de pago, que bien podrían anularse. Esperamos que la policía valore la respuesta del Gobierno y contribuya con una nueva actitud al plan de seguridad ciudadana.De otro lado, esta crisis ofrece la valiosa oportunidad de empezar a estudiar soluciones de largo aliento, que requieren una férrea voluntad política, como el postergado tema de la gradual municipalización de la policía. Como propusimos en nuestra Agenda de Gobierno, esto permitiría que la PNP asuma tareas de investigación y represión en todo el país, en tanto que las municipalidades podrían encargarse de la prevención, mediante una policía de ámbito local bajo el mando de los gobiernos locales.