La proliferación de la llamada minería informal ha causado la destrucción de más de 150 mil hectáreas de bosques amazónicos, la contaminación de ríos con mercurio y el deterioro de extensas zonas de cultivo y de áreas naturales. Es más, lejos de revertirse, esta actividad ilegal se ha intensificado en los últimos años, ante el alza del precio de los metales y la inacción del Estado. Ahora, después de una serie de erráticas acciones para frenar esa ilegal actividad, el Ejecutivo acaba de aprobar el Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal que el país espera que empiece a ordenar el sector para formalizar esa actividad en el plazo de cinco años, como establece el mencionado proyecto.Si bien siete ministerios se encargarán de diseñar las líneas de base para hacer posible el proceso de formalización, es imprescindible involucrar a las autoridades regionales y municipales, así como a los representantes de los mineros informales, con el fin de propiciar el consenso y establecer compromisos concretos de las partes involucradas, sin que ello signifique aceptar presiones o chantajes.Además, es fundamental que los otros poderes del Estado, en especial el Congreso, también coadyuven a este esfuerzo nacional y no lo boicoteen con la dación de proyectos de ley lesivos que puedan frenar la formalización.Los responsables de este primer -aunque tardío- esfuerzo de planificación deberían concluir su labor antes del cambio de gobierno, para que el próximo empiece cuanto antes a ordenar la minería artesanal, respetando el medio ambiente y la vida de los propios mineros.