La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés) denunció ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los obstáculos para la vigencia del derecho a la consulta previa en el Perú, en donde el Ejecutivo vetó un proyecto de ley aprobado el año pasado por el Congreso. Asimismo, se dejó constancia de la indiferencia de varios candidatos a la presidencia para pronunciarse sobre este tema y sobre la acelerada concesión de proyectos de inversión que no cumplen con el requisito constitucional de la consulta previa.Katya Salazar, directora ejecutiva del DPLF, dijo a los comisionados que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, si bien está reconocido en varias normas internacionales y nacionales, "no es respetado plenamente" por las autoridades peruanas.